lunes, 27 de abril de 2015

LAS MALAS RELACIONES ENTRE PROGENITORES NO IMPIDEN LA CUSTODIA COMPARTIDA (STS 96/2015)

Nuestro más alto Tribunal sigue perfilando los requisitos exigidos para fijar una guarda y custodia compartida. En este caso, el Tribunal Supremo define el concepto de “relaciones entre progenitores”.

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Ya lo dejó claro en sus sentencias 757/2013 de 29 de noviembre y 619/2014 de 30 de octubre: las relaciones entre los progenitores no son, en sí mismas, relevantes o irrelevantes para el establecimiento del régimen que corresponda, sino que se convierten en relevantes cuando pueden afectar al menor. En la última sentencia aludida, el Tribunal Supremo entendió que no era posible establecer un sistema de guarda y custodia compartida no porque existía -sin más- una mala relación entre los progenitores, sino porque esa mala relación afectaba al crecimiento del hijo común, siendo perjudicial para el interés del menor.

Pues bien, en la reciente Sentencia STS 96/2015 de 16 de febrero, reitera su doctrina al respecto, manifestando que no basta con decir que los padres tienen “mala relación” (algo habitual en una ruptura de pareja), sino que debe acreditarse en qué perjudica esa mala relación al menor. Porque una situación de conflicto entre ambos progenitores no tiene por qué ser, en sí mismo, un obstáculo insalvable para fijar la custodia compartida.

La STS 96/2015 dice en su Fundamento Jurídico Sexto: “[…] las razones que se esgrimen para desaconsejar la custodia compartida, no constituyen fundamento suficiente para entender que la relación entre los padres sea de tal enfrentamiento que imposibilite un cauce de diálogo. En primer lugar, la condena por coacciones de la Sra. XXXXX (tras denuncia del padre), no supone demérito alguno para el Sr. XXXXX. En segundo lugar, las discrepancias por el colegio del menor y sus consecuencias económicas suponen una divergencia razonable”. La Sentencia sigue diciendo en su Fundamento Jurídico sexto: “Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en dos profesionales, como los ahora litigantes (ambos padres son profesores universitarios). Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad”.

Por tanto, el Tribunal Supremo entiende que el conflicto existente entre los progenitores, muchas veces provocado como estrategia procesal para la defensa de sus intereses, no es obstáculo para no establecer un sistema de guarda y custodia compartida, entendiendo que en toda ruptura de pareja es lógico que se produzcan diferencias, pero por sí solas, no deben impedir el establecimiento de una guarda conjunta. Lo único que se requiere es una actitud razonable y eficiente de ambos progenitores en orden al desarrollo del menor.

Luis Miguel Almazán

Abogado de familia

martes, 21 de abril de 2015

LA HIPOTECA EN UN DIVORCIO O SEPARACIÓN

¿Qué sucede con el préstamo hipotecario que -generalmente- grava la vivienda familiar u otra vivienda adquirida por los dos cónyuges, cuando éstos se divorcian o se separan?.

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En primer lugar, debemos aclarar, que según se desprende de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (Sentencia nº188/2011, de 28 de marzo): "el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar, constituye una deuda de la sociedad de gananciales y como tal, queda incluida en el artículo 1362.2 del Código Civil y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los artículos 90 y 91 Cc.".

Esto supone que la sentencia de divorcio/separación no puede modificar lo ya dispuesto cuando se constituyó la hipoteca, pues el acreedor hipotecario ("el Banco") no entiende de otros pactos que no sean los que acordó con ambos cónyuges, deudores solidarios de un préstamo hipotecario. Por tanto, el préstamo hipotecario se deberá seguir abonando de la misma forma que venía haciéndose con anterioridad al divorcio o separación, sin perjuicio del derecho de repetición del cónyuge pagador contra el otro cónyuge si no paga su parte, y salvo -claro está- acuerdo privado entre ambos.

En principio, si la sentencia de divorcio regula ese pago proporcional (normalmente al 50%) la vía para reclamar un impago tendría que ser la ejecución de la sentencia. Y aunque entendemos que ni siquiera tendría que ser necesario que el cónyuge cumplidor adelantara el pago que le correspondería hacer al incumplidor, pues no estaríamos ante una acción de reembolso, sí que es recomendable que previamente abone dicho importe impagado para podérselo reclamar después. El problema surge cuando el juzgado no admite tal ejecución de sentencia por entender que la misma lo único que ha hecho es recoger lo que ya había sido pactado cuando se constituyó la hipoteca, pues como ha dicho el Tribunal Supremo, la hipoteca no es una carga familiar. En tal caso, obligaría al ex-cónyuge a acudir a un proceso declarativo a través de la acción de repetición del artículo 1145 del Código civil.

Así que, por concluir, para saber si podemos reclamar el pago que le corresponde al otro cónyuge a través de un procedimiento de ejecución de título judicial, habrá que tener en cuenta el juzgado que nos "haya tocado". Lo que sí parece claro es que, en caso de que la sentencia de divorcio no se pronunciara sobre el pago de la hipoteca, no habría posibilidad de ejecutar la Sentencia de divorcio/separación.


Luis Miguel Almazán


Abogado de familia

martes, 7 de abril de 2015

MATRIMONIO Y PAREJA DE HECHO: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

¿Casarse o ser pareja de hecho? ¿Qué diferencias y semejanzas tienen ambas instituciones?

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En primer lugar hemos de hablar del fenómeno de las parejas de hecho y su representatividad. La pareja de hecho (también llamada unión libre o en términos jurídicos relación "more uxorio"), se trata de una unión fáctica entre dos personas que comparten la convivencia, como si de un matrimonio se tratara, pero que no cumplen con los requisitos formales que la ley exige para tal. Eso no significa que no exista ningún requisito para constituirse como pareja de hecho, a saber: inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la comunidad autónoma, mayoría de edad o menor emancipado, convivencia libre, pública y notoria durante un período de tiempo ininterrumpido, situación precedente de soltería, divorcio o separación e inexistencia de vínculos de parentesco entre los contrayentes.

Tal y como se determina en los últimos estudios del Instituto Nacional de Estadística, las uniones de hecho apenas significan el 5% del total de núcleos familiares, un porcentaje aún poco representativo, sin contar que este modelo de convivencia representa un periodo temporal (de no más de 5 o 6 años según las estadísticas), tras los cuales la mayoría de los convivientes acaban por contraer matrimonio...o separarse.

Hay que advertir que no todas las comunidades autónomas han regulado la situación de las uniones de hecho, y aunque en la gran mayoría así es, todavía existen algunas en las que no se podrá constituirse como pareja de hecho (aunque cada vez son menos)

Existen múltiples semejanzas entre el matrimonio y la pareja de hecho, por ejemplo: en cuanto a derechos y obligaciones para con los hijos en común no existe ninguna diferencia con un matrimonio civil; tampoco en materia de herencia, donde se equiparan los derechos sucesorios del miembro supérstite en ambas instituciones. Otro ejemplo lo encontramos en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 donde se contempla la subrogación de la pareja en el contrato de alquiler en el caso de fallecimiento del titular, siempre que se acrediten un mínimo de dos años de convivencia.

Por otro lado también existen diferencias. En materia fiscal no se permite tributar conjuntamente el IRPF a las parejas de hecho, ni beneficiarse de ciertas reducciones ni bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y en cuanto a la pensión de viudedad, ésta se reconoce a la pareja de hecho siempre que existiera una convivencia superior a 5 años, y dentro de unos límites económicos de ingresos del miembro superviviente, requisitos que no son necesarios en el matrimonio. Otro ejemplo de diferencia entre la pareja de hecho y el matrimonio lo tenemos en la situación de crisis de pareja, y es que aunque algunas comunidades hayan regulado la posibilidad de obtener una pensión compensatoria, en el caso de una pareja de hecho no existe divorcio, y por tanto y como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia 611/2005, no puede pretender el conviviente una indemnización o compensación similar a la generada por la crisis matrimonial, así a falta de pacto entre las partes se tendrá que acudir a la vía judicial para determinar su conveniencia o no. Y es que una pareja de hecho se rige por las reglas generales de los contratos, mientras que un matrimonio dispone de regulación específica para determinar el régimen económico: normalmente mediante separación de bienes o sociedad de gananciales (aunque cabe cualquier otro por capitulaciones).

Teniendo en cuenta estas apreciaciones podemos concluir que será una decisión personal de cada pareja el que decidan constituirse como pareja de hecho o matrimonio según sea la fórmula que más les convenga.

Luis Miguel Almazán

Abogado de familia