viernes, 31 de octubre de 2014

MENSAJES, CORREOS ELECTRÓNICOS, GRABACIONES Y OTRAS PRUEBAS

Cada vez es más común que los abogados, y más si cabe en el Derecho de familia, nos veamos obligados a aportar alguna prueba de este tipo para poder acreditar las pretensiones de nuestros clientes, si bien, debemos tener en cuenta que tanto su valoración, como la admisión de este tipo de pruebas será a criterio discrecional de Su Señoría, y sobre su inadmisión sólo cabra formular protesto a efectos de ulterior recurso de apelación, amparado en el derecho a la tutela judicial efectiva.

Foto: http://hipertextual.com
Pero, ¿qué validez pueden tener este tipo de pruebas?. Analicemos caso por caso:

- Mensajes de WhatsApp, fotos, SMS, mensajes de voz, etc., extraídos de un smartphone o tablet. En principio, son perfectamente válidos siempre que no se haya atentado a los Derechos Fundamentales de nadie a la hora de obtenerlos (v.g.: extraer mensajes privados, o fotos del móvil de tu expareja, además de delito, no será prueba válida), y se pueda constatar la autenticidad de los mismos, por ejemplo, disponiendo para su cotejo del terminal telefónico donde se encuentran esos mensajes si así lo requiere el juzgado. También es frecuente aportar un acta notarial en la que el notario haga constar que en el teléfono móvil que se aporta constan mensajes de voz o de texto procedentes de un concreto número de teléfono. De esta manera se evita la posible manipulación de dichas pruebas y la impugnación por la parte contraria de las mismas

- Correos electrónicos: con el uso de correo electrónico como prueba en juicio sucede prácticamente lo mismo: es válido siempre que su obtención no afecte a Derechos Fundamentales (v.g.: no es válido, y además es delito, obtener correo privado de tu expareja para usarlo en el proceso de separación). Con respecto al valor probatorio, se considera mayor, pues es menos manipulable que un mensaje de whatsapp o SMS, ya que dicho correo electrónico se encontrará alojado en un servidor o en un disco duro, y dejará constancia del mismo. Además siempre se podrá solicitar una prueba pericial informática para confirmarlo.

- Grabaciones de audio/video: al respecto, recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1984, de 29 de noviembre de 1984, que “quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE (que garantiza el secreto de las comunicaciones, en atención al derecho a la intimidad); por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado.” Se trataría de una prueba "delicada", que habría que analizarla en profundidad antes de presentarla, pero en la práctica, no hay problema en que se aporte. Eso sí, hay que tener en cuenta que en procesos civiles de separación/divorcio los jueces no suelen ver con muy buenos ojos la presentación de este tipo de grabaciones pues pueden deducir cierta maliciosidad de quien graba "a escondidas" y "con engaño", y acabar perjudicando más que beneficiando a quienes las aportan.

- Textos, fotos, vídeos en redes sociales o internet: la publicación que se haga en ciertas redes sociales (facebook o twitter por ejemplo), se puede equiparar a una publicación en un medio de comunicación, y por tanto su uso ilegítimo puede atentar contra nuestra propiedad intelectual si no se ha dado consentimiento, en cuyo caso estaríamos hablando de un delito (amenazas, injurias o calumnias, delitos contra la propiedad intelectual, revelación de secretos, etc). Una herramienta eficaz para acreditarlo es levantar un acta notarial

Por tanto, podemos afirmar que es perfectamente utilizable cualquier medio de “prueba tecnológica” (artículo 382 y siguientes de la LEC) en un procedimiento judicial, pero habrá que atenerse también a la valoración que le pueda dar Su Señoría, sobre todo si puede cuestionar su validez en mayor o menor medida.

Luis Miguel Almazán
Abogado de familia

miércoles, 22 de octubre de 2014

GASTOS DE LA VIVIENDA FAMILIAR TRAS LA SEPARACIÓN

He llegado a hablar en otra entrada sobre este tema (USO Y DISFRUTE DE LA VIVIENDA FAMILIAR), pero ahora vuelvo a tratarlo, a raíz de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sentencia 508/2014 de 25 de septiembre, en virtud de la cual el pago de los gastos comunitarios de la vivienda que ha sido domicilio familiar, corresponderá afrontarlo al cónyuge a quien se le había atribuido el uso del inmueble, y no en función de su relación de propiedad con el inmueble, al haberlo impuesto así el juzgado de primera instancia.

Foto: http://erasmusu.com/es
La decisión de esta Sentencia es clara: el juez puede decidir quién paga los gastos de la comunidad de propietarios, en aras al equilibrio económico entre las partes, sin infringir lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal pues este artículo rige las relaciones entre propietarios y Comunidad, sin perjuicio de las relaciones internas entre aquellos (como sería el caso). Ahora bien, ello no obsta para que de acuerdo con el art. 9 de la LPH, sean ambos propietarios los que deberán afrontar, en su caso, las reclamaciones que la Comunidad de Propietarios pudieran hacerles.

Pero ello también implica que a falta de imposición de dicha obligación, ambos cónyuges deberán pagar la comunidad en proporción a su propiedad. Y si uno no lo hace, el otro tendrá un derecho de reembolso.

Y ¿qué ocurre con otros gastos inherentes a la vivienda como son el IBI o el seguro del hogar?. Lo primero a lo que habrá que atender es a lo acordado entre las partes en el convenio regulador, pero si no lo hubiere, habrá que atenerse a que el Impuesto de Bienes Inmuebles es un tributo municipal cuyo hecho imponible lo constituye la propiedad del inmueble, siendo sujetos pasivos los propietarios que ostenten la titularidad del mismo con fecha 1 de enero de cada año.

Lo mismo puede indicarse con respecto al seguro del hogar, que responde al interés del propietario al cubrir los daños que pudiera sufrir la vivienda en sí y la responsabilidad civil frente a terceros. Por tanto, también deberá ser satisfecho por los propietarios de manera proporcional (SAP Salamanca, Sec. 1.ª, 476/2010, de 13 de diciembre y SAP Barcelona, Sec. 18.ª, 14-6-2011).

Por descontado, y salvo pacto en contrario, el préstamo hipotecario si lo hubiere, se seguirá abonando como se venía haciendo antes de la separación (si el préstamo fue suscrito por igual, ambos deberán seguir abonando la mitad del mismo, si el préstamo hipotecario fue suscrito por uno sólo porque la vivienda era privativa de él, estará obligado a seguir abonando sus cuotas). Y los gastos del uso ordinario de la vivienda (luz, agua, gas) los abonará el cónyuge usuario de la misma. En esto no hay discusión.

Luis Miguel Almazán

Abogado de familia

miércoles, 15 de octubre de 2014

LOS TUITS DEL TRIMESTRE EN @abogadodefmilia

Os copio los tweets más interesantes que he ido dejando durante el tercer trimestre de 2014 (julio-agosto-septiembre), en mi cuenta de twitter @abogadodefmilia que recomiendo que sigáis:

Foto: https://twitter.com


PENSIÓN COMPENSATORIA:

ALMAZÁN Gª ASESORES @abogadodefmilia · 2 de jul.
La pensión compensatoria sólo cabe si la pide uno de los cónyuges. El juez de oficio no la impone si nadie la pide.


PENSIÓN DE ALIMENTOS:

ALMAZÁN Gª ASESORES @abogadodefmilia · 10 de jul.
La valoración de la proporcionalidad de la pensión de alimentos es materia del tribunal de instancia y no cabe recurso de casación ante el TS.


CUSTODIA:

ALMAZÁN Gª ASESORES @abogadodefmilia · 25 de ago.
Una enfermedad no incapacita para tener custodia. Solo si es relevante y afecta a la capacidad para su ejercicio (SAP Barcelona 28/01/2014)

Luis Miguel Almazán

Abogado de familia