jueves, 27 de marzo de 2014

LA SEPARACIÓN DE MUTUO ACUERDO

Una de cada cuatro parejas se acaba separando (en otra entrada hablaré de estadísticas) y todo apunta a que ese porcentaje va a ir en aumento. No importa la razón (a Su Señoría -dicho sea de paso- "le importa un pimiento" el motivo por el cual deciden separarse). Tampoco importa quien haya tomado la decisión o si han sido ambos a la vez. Si impera el sentido común y los dos logran llegar a un acuerdo amistoso y resolver la situación como personas civilizadas (que sería lo ideal, máxime cuando hay hijos menores de edad), lo primero que deben hacer es acudir a un abogado (pero no a cualquiera: especializado en Derecho de familia, por favor) para que les asesore y puedan tramitar el divorcio conocido como "de mutuo acuerdo", o presentar unas medidas paternofiliales si son pareja de hecho.

Foto: http://www.latercera.com/
Además de lo ventajoso de haber llegado a un acuerdo amistoso y por tanto a un mínimo desgaste emocional en comparación con la dureza de un proceso contencioso, este procedimiento implica una reducción del tiempo (en unos meses habrá sentencia), y un importante abaratamiento en los costes, que puede llegar a ser incluso la mitad de lo que cuesta un divorcio "contencioso". Por tanto, todo son ventajas. El problema es que no siempre es posible llegar a ese mutuo acuerdo porque uno o los dos no quiere. Pero eso es otra historia...

Para empezar, al ser de mutuo acuerdo, los cónyuges o progenitores pueden ir representados por el mismo abogado y el mismo procurador (con lo cual los gastos son menores pues se pagan entre ambos). Además, este procedimiento, a diferencia del divorcio contencioso, está exento del pago de tasas judiciales (algo más de 150 euros de inicio). Y si eligen un buen abogado (de familia, por favor), éste mediará entre ellos y les asesorará de la manera más objetiva posible, plasmando todos los acuerdos a los que lleguen en un convenio regulador, que ambos cónyuges firmarán. Una vez firmado, el abogado lo presentará al juzgado a través del procurador, incorporándolo junto con otros documentos a una demanda de divorcio de mutuo acuerdo.

Por contra, el coste de un divorcio contencioso (o medidas paternofiliales en parejas de hecho con hijos) es difícil de establecer a priori pues va a depender de muchos factores: de entrada habrá un letrado y procurador por cada cónyuge, pueden intervenir otros profesionales (peritos), generalmente se presentarán medidas provisionales y habrá comparecencias que preparar, documentos, testigos, posibles recursos, etc. Todo ello implica que con poco un divorcio contencioso supone más del doble de lo que cuesta un mutuo acuerdo.

Ahora bien, he de matizar que el procedimiento de mutuo acuerdo puede complicarse si hay liquidación del régimen de gananciales (evidentemente nunca se complicará tanto como si se tratara de una liquidación de gananciales "contenciosa"). El coste en este caso puede elevarse dependiendo de la complejidad de dicha liquidación. Por ello, antes de contratarle conviene siempre pedir un presupuesto al abogado, para evitar sobresaltos.

El procedimiento de un divorcio de mutuo acuerdo también se reduce notablemente, como he explicado antes: se presenta la demanda junto con el convenio regulador y otros documentos que se exigen, ante el Juzgado correspondiente que citará a ambas partes para que un determinado día a una determinada hora acudan a ratificar dicho convenio en presencia del secretario judicial. Si es posible (en algunos juzgados no lo permiten), se aprovechará ese mismo día para apoderar al procurador (lo que se conoce como apoderamiento "apud acta") y evitar a los clientes tener que ir al notario a firmar un "poder para pleitos" y gastar dinero. Si hay hijos menores, se pedirá informe al Ministerio Fiscal, que velará por que el convenio que han ratificado los progenitores sea ajustado a derecho y no sea lesivo a los intereses de esos hijos menores. Tras el informe del Ministerio Fiscal, si hubiera algún aspecto que modificar del Convenio porque así lo solicite el Ministerio Fiscal o Su Señoría, se deberá modificar y tras ello, se dictará Sentencia aprobando el Convenio regulador. Si todo va bien, en un plazo de tres meses más o menos -dependerá de la agilidad del juzgado que nos "toque"- tendremos ya sentencia.

Luis Miguel Almazán
Abogado de familia

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