jueves, 13 de marzo de 2014

CONSECUENCIAS PENALES DEL IMPAGO DE LAS PENSIONES

Art 227 del Código Penal:

1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

Foto: http://www.lavozdigital.es
Si nos encontramos ante un supuesto contemplado en el apartado 1 de éste artículo, estaríamos hablando de un delito de abandono de familia, pero debemos saber que aunque objetivamente se cumpla lo expuesto en dicho artículo, no siempre procede su aplicación, pues además del incumplimiento, se requiere que exista dolo (maliciosidad). Si por ejemplo el progenitor incumplidor que deja de pagar alguna o todas las pensiones (de alimentos o compensatoria) establecidas en resolución judicial, no porque no quiere, sino porque no puede hacer frente a su pago al no disponer de medios económicos, no estaría cometiendo delito pues no hay maliciosidad. La jurisprudencia dice que “para la consumación de la infracción, no basta el simple incumplimiento de deberes, sino que es menester y preciso que dicho incumplimiento se lleve a cabo maliciosamente, es decir, sin justificación, sin base, sin motivación alguna, por puro capricho y arbitraria e irrazonable decisión del acusado” (SAP de Badajoz de 5 de diciembre de 2013, rec. 528/2013).

Eso sí, el elemento probatorio resulta fundamental, y le corresponde a la acusación probar que el acusado dispone de medios económicos para hacer frente al pago, pero "no le dio la gana pagar". O bien probar que si se encuentra en una situación de insolvencia, ésta ha sido provocada por él mismo para no abonar dichas pensiones (podría incurrirse también en otros delitos, como el de alzamiento de bienes) y que además no ha tenido intención alguna de solucionar el asunto para poder satisfacer tales obligaciones (por ejemplo, solicitando una modificación de medidas para reducir la pensión, o abonando parte de la pensión, aunque no fuera el importe íntegro, etc).

Al respecto, ¿qué ocurre si el obligado paga, pero solo de manera parcial? En este caso el Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala 2ª de 13 de febrero de 2001, es rotundo al señalar que en los casos de incumplimiento parcial debe atenderse a si existe una lesión sustancial del bien jurídico protegido: todo abono parcial no es delito, dependerá de la importancia de la cantidad impagada.

Luis Miguel Almazán

Abogado de familia

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