lunes, 31 de marzo de 2014

EL CONVENIO REGULADOR

Como continuación a mi anterior entrada, sobre el divorcio o separación de mutuo acuerdo, cuando éste es posible, la ley otorga a ambos cónyuges o progenitores, la posibilidad de que sean ellos mismos los que expresen libremente su voluntad de poner fin o suspender la convivencia matrimonial (si es sólo separación) o disolver su matrimonio (si es divorcio). Estas decisiones se plasman en un documento denominado convenio regulador, que debe aportarse junto con una demanda al juzgado correspondiente (firmada por abogado y procurador) para su ratificación (aunque las partes pueden retractarse antes de la misma y no ratificarlo) y para su aprobación judicial. Salvo que alguno de los acuerdos que recoja el convenio se considere lesivo para alguno de los afectados, Su Señoría no se va a "entrometer" en lo que de común acuerdo han decidido ambos cónyuges o progenitores, y respetará el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Si por el contrario, observa que hay alguna cláusula ilegal o perjudicial, ordenará que se haga una modificación de la misma. En todas las cuestiones relacionadas con los hijos menores de edad, será el Ministerio Fiscal quien dé el "visto bueno" al convenio.

Foto: http://www.eixdiari.cat/
Por tanto, es en el convenio regulador donde se plasma cómo van a regular las partes las consecuencias jurídicas que su separación o divorcio tiene. Así, el artículo 90 del Código Civil español establece lo que "al menos" deberá contener el Convenio regulador:

A) Si hay hijos menores: quien ostentará la guarda y custodia de los mismos y régimen de visitas para el progenitor no custodio.
B) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, u otros familiares.
C) La atribución del uso de la vivienda familiar (si la hubiere) y ajuar.
D) Pensiones: ya sean de alimentos (para el mantenimiento de los hijos) o pensión compensatoria (si de dicha separación resultara un desequilibrio económico entre los cónyuges), así como los criterios para su actualización.
E) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio y adjudicación de bienes y cargas (activos y pasivos) del matrimonio

Es aconsejable redactar un convenio regulador lo más detallado posible para evitar problemas futuros, y que ninguna cláusula pueda ser susceptible de interpretaciones. Por ello es esencial que las partes acudan a un abogado de familia para que les asesore, para que medie en las posibles controversias que pudieran surgir y redacte un convenio regulador "a medida".

Una vez firmado, ratificado y homologado judicialmente, en cualquier momento puede ser solicitada la modificación del convenio, ya sea nuevamente de muto acuerdo o esta vez unilateralmente. Debe justificarse dicha solicitud en un cambio de circunstancias personales de alguno de los cónyuges o progenitores, o en un posible perjuicio para los hijos menores (art. 90.3 del Código Civil).

Hay que saber, que desde el momento en que se firma, el convenio regulador éste es vinculante para las partes aunque no haya sido ratificado ni aprobado judicialmente. Sólo en las cuestiones relativas a los hijos menores de edad dichos acuerdos, sin dejar de ser por ellos válidos, estarían supeditados en cuanto a su eficacia jurídica a su debida homologación judicial. Una vez aprobado judicialmente, dicho convenio tendrá efectos para las partes y sus hijos, y también respecto de terceros (efectos "erga omnes").

Luis Miguel Almazán

Abogado de familia

jueves, 27 de marzo de 2014

LA SEPARACIÓN DE MUTUO ACUERDO

Una de cada cuatro parejas se acaba separando (en otra entrada hablaré de estadísticas) y todo apunta a que ese porcentaje va a ir en aumento. No importa la razón (a Su Señoría -dicho sea de paso- "le importa un pimiento" el motivo por el cual deciden separarse). Tampoco importa quien haya tomado la decisión o si han sido ambos a la vez. Si impera el sentido común y los dos logran llegar a un acuerdo amistoso y resolver la situación como personas civilizadas (que sería lo ideal, máxime cuando hay hijos menores de edad), lo primero que deben hacer es acudir a un abogado (pero no a cualquiera: especializado en Derecho de familia, por favor) para que les asesore y puedan tramitar el divorcio conocido como "de mutuo acuerdo", o presentar unas medidas paternofiliales si son pareja de hecho.

Foto: http://www.latercera.com/
Además de lo ventajoso de haber llegado a un acuerdo amistoso y por tanto a un mínimo desgaste emocional en comparación con la dureza de un proceso contencioso, este procedimiento implica una reducción del tiempo (en unos meses habrá sentencia), y un importante abaratamiento en los costes, que puede llegar a ser incluso la mitad de lo que cuesta un divorcio "contencioso". Por tanto, todo son ventajas. El problema es que no siempre es posible llegar a ese mutuo acuerdo porque uno o los dos no quiere. Pero eso es otra historia...

Para empezar, al ser de mutuo acuerdo, los cónyuges o progenitores pueden ir representados por el mismo abogado y el mismo procurador (con lo cual los gastos son menores pues se pagan entre ambos). Además, este procedimiento, a diferencia del divorcio contencioso, está exento del pago de tasas judiciales (algo más de 150 euros de inicio). Y si eligen un buen abogado (de familia, por favor), éste mediará entre ellos y les asesorará de la manera más objetiva posible, plasmando todos los acuerdos a los que lleguen en un convenio regulador, que ambos cónyuges firmarán. Una vez firmado, el abogado lo presentará al juzgado a través del procurador, incorporándolo junto con otros documentos a una demanda de divorcio de mutuo acuerdo.

Por contra, el coste de un divorcio contencioso (o medidas paternofiliales en parejas de hecho con hijos) es difícil de establecer a priori pues va a depender de muchos factores: de entrada habrá un letrado y procurador por cada cónyuge, pueden intervenir otros profesionales (peritos), generalmente se presentarán medidas provisionales y habrá comparecencias que preparar, documentos, testigos, posibles recursos, etc. Todo ello implica que con poco un divorcio contencioso supone más del doble de lo que cuesta un mutuo acuerdo.

Ahora bien, he de matizar que el procedimiento de mutuo acuerdo puede complicarse si hay liquidación del régimen de gananciales (evidentemente nunca se complicará tanto como si se tratara de una liquidación de gananciales "contenciosa"). El coste en este caso puede elevarse dependiendo de la complejidad de dicha liquidación. Por ello, antes de contratarle conviene siempre pedir un presupuesto al abogado, para evitar sobresaltos.

El procedimiento de un divorcio de mutuo acuerdo también se reduce notablemente, como he explicado antes: se presenta la demanda junto con el convenio regulador y otros documentos que se exigen, ante el Juzgado correspondiente que citará a ambas partes para que un determinado día a una determinada hora acudan a ratificar dicho convenio en presencia del secretario judicial. Si es posible (en algunos juzgados no lo permiten), se aprovechará ese mismo día para apoderar al procurador (lo que se conoce como apoderamiento "apud acta") y evitar a los clientes tener que ir al notario a firmar un "poder para pleitos" y gastar dinero. Si hay hijos menores, se pedirá informe al Ministerio Fiscal, que velará por que el convenio que han ratificado los progenitores sea ajustado a derecho y no sea lesivo a los intereses de esos hijos menores. Tras el informe del Ministerio Fiscal, si hubiera algún aspecto que modificar del Convenio porque así lo solicite el Ministerio Fiscal o Su Señoría, se deberá modificar y tras ello, se dictará Sentencia aprobando el Convenio regulador. Si todo va bien, en un plazo de tres meses más o menos -dependerá de la agilidad del juzgado que nos "toque"- tendremos ya sentencia.

Luis Miguel Almazán
Abogado de familia

jueves, 13 de marzo de 2014

CONSECUENCIAS PENALES DEL IMPAGO DE LAS PENSIONES

Art 227 del Código Penal:

1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

Foto: http://www.lavozdigital.es
Si nos encontramos ante un supuesto contemplado en el apartado 1 de éste artículo, estaríamos hablando de un delito de abandono de familia, pero debemos saber que aunque objetivamente se cumpla lo expuesto en dicho artículo, no siempre procede su aplicación, pues además del incumplimiento, se requiere que exista dolo (maliciosidad). Si por ejemplo el progenitor incumplidor que deja de pagar alguna o todas las pensiones (de alimentos o compensatoria) establecidas en resolución judicial, no porque no quiere, sino porque no puede hacer frente a su pago al no disponer de medios económicos, no estaría cometiendo delito pues no hay maliciosidad. La jurisprudencia dice que “para la consumación de la infracción, no basta el simple incumplimiento de deberes, sino que es menester y preciso que dicho incumplimiento se lleve a cabo maliciosamente, es decir, sin justificación, sin base, sin motivación alguna, por puro capricho y arbitraria e irrazonable decisión del acusado” (SAP de Badajoz de 5 de diciembre de 2013, rec. 528/2013).

Eso sí, el elemento probatorio resulta fundamental, y le corresponde a la acusación probar que el acusado dispone de medios económicos para hacer frente al pago, pero "no le dio la gana pagar". O bien probar que si se encuentra en una situación de insolvencia, ésta ha sido provocada por él mismo para no abonar dichas pensiones (podría incurrirse también en otros delitos, como el de alzamiento de bienes) y que además no ha tenido intención alguna de solucionar el asunto para poder satisfacer tales obligaciones (por ejemplo, solicitando una modificación de medidas para reducir la pensión, o abonando parte de la pensión, aunque no fuera el importe íntegro, etc).

Al respecto, ¿qué ocurre si el obligado paga, pero solo de manera parcial? En este caso el Tribunal Supremo, en su sentencia de la Sala 2ª de 13 de febrero de 2001, es rotundo al señalar que en los casos de incumplimiento parcial debe atenderse a si existe una lesión sustancial del bien jurídico protegido: todo abono parcial no es delito, dependerá de la importancia de la cantidad impagada.

Luis Miguel Almazán

Abogado de familia

lunes, 3 de marzo de 2014

CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL TESTAMENTO

Este jueves día 6 de marzo a las 20:30 horas en la Sede de la Asociación "CUSTODIA PATERNA" (C/ Vinaroz nº3, 1º-E de Madrid), y junto con mi compañero Jorge Martínez, Director de la Asesoría jurídica de la Asociación, daremos una charla seguida de un coloquio para aclarar conceptos sobre la conveniencia de testar en situaciones de ruptura de pareja con hijos menores.

http://custodiapaterna.blogspot.com.es/2014/03/este-jueves-haz-testamento.html

Foto: http://www.rankia.com
Sobre este asunto ya hice mención en este blog, os dejo el enlace:

http://almazangarciaasesores.blogspot.com.es/2013/09/efectos-sucesorios-de-una-separacion-el.html

Si estás interesad@, te esperamos sin el menor coste económico para ti y en beneficio de tus hijos.

Luis Miguel Almazán

Abogado de familia